LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el miércoles, la Orden Ejecutiva 2017-029 para declarar un estado de emergencia en la urbanización Santa Rita del barrio Quebrada Vueltas en Fajardo.

Asimismo, el mandato ordena establecer un comité interagencial para proveer toda la asistencia necesaria para la atención de los recursos necesarios que mejoren la calidad de vida de los residentes de esta comunidad.

“Este es un gobierno que está preocupado por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para asegurarla”, declaró el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Según establece la orden ejecutiva, “la comunidad atraviesa una situación de salubridad urgente a consecuencia de que el sistema de alcantarillado sanitario ha sido operado y mantenido privadamente de manera deficiente, lo que genera grandes desbordes de aguas negras y acumulación de desperdicios sólidos, los cuales son dañinos a la salud pública y al medio ambiente”.

Esta comunidad consta de 269 unidades de vivienda de bajo costo.

En el texto de la orden ejecutiva se explica que “desde el origen dicho proyecto se concibió para que las aguas sanitarias que se originan del mismo fueran manejadas, controladas, tratadas y dispuestas mediante una planta de tratamiento compacta de carácter privado y una red sanitaria intramuros (sistema de alcantarillado sanitario) operadas y mantenidas ambas por Social Interest Growth Associates, Corp. (SIGA), desarrollador del proyecto”.

El comité interagencial que crea la Orden Ejecutiva 2017-029 estará compuesto, entre otros, por representantes de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El comité estará presidido por el presidente ejecutivo de la AAA para “coordinar, ejecutar o requerir que se ejecuten las acciones necesarias para atender de forma integral y permanente la situación del manejo y tratamiento de las aguas sanitarias generadas por la comunidad a costo de SIGA, para así salvaguardar la salud pública y el ambiente impactado”, declara la orden ejecutiva.