(13 de marzo de 2019) – Residentes de la comunidad Miramar de Guayama alegaron el miércoles que fueron intervenidos y perseguidos por personal de seguridad de la empresa Applied Energy Systems (AES)  “mientras tomaban fotos, en un área pública, de una barcaza que era cargada con cenizas tóxicas de carbón”.

“Estábamos en un área pública documentado el movimiento de ese material tóxico hacia una barcaza. Y se nos acercó personal de seguridad de AES, tratando de amedrentarnos, diciendo que grabar barcazas es delito federal. Incluso, cuando decidimos movernos, cuatro vehículos de AES nos escoltaron y acecharon en la carretera pública. Esa es una conducta repetitiva pues en otras ocasiones han perseguido y hostigado a periodistas. Todo esto en áreas públicas, fuera de sus facilidades”, alegó Aldwin Colón Burgos en declaraciones escritas.

Por otro lado, Alberto Colón, quien supuestamente también fue asediado por la seguridad de AES, alegó que su intención era evitar se evidenciara la enorme nube de polvo de cenizas que era levantada y transportada hacia la comunidad.

“Ellos están tratando de encubrir las violaciones, sobre polvo fugitivo, que están provocando cada vez que remueven las cenizas. Hemos hecho varias querellas y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han hecho nada. Hoy volvimos a hacer otra querella y lo seguiremos haciendo cada vez que cometan otra violación. Lamentablemente, AES sigue violando la ley y no hay consecuencias. Nuestra gente sigue recibiendo todo ese impacto de estas cenizas tóxicas y los químicos que lanzan por su chimenea, y el gobierno mirando para el lado”, expresó Colón.

Por último, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, alegó que AES ha amenazado con dejar permanentemente cientos de miles de toneladas de cenizas tóxicas en su patio trasero.

“A pesar de que, ante la evidencia contundente, AES aceptó que fueron ellos y sus cenizas quienes contaminaron el agua subterránea en el área de su planta, están amenazando con sacar sólo parte del desperdicio tóxico y dejar allí permanentemente 250,000 tonelada, para que no se vean desde la calle. El problema no es que se vean o no desde fuera de su planta, es que esas cenizas están contaminando el agua. Hay que exigir, no sólo que se cubran las cenizas mientras son removidas en su totalidad, sino que se monitoreen los otros 14 municipios donde se han depositado sobre 2 millones de toneladas de cenizas”, manifestó Alvarado.

“Muchos de estos depósitos han sido sobre acuíferos, o cercanos a ríos y quebradas, y en varios de estos las cenizas están expuestas cercanas a hogares. El gobierno y sus agencias no pueden seguir guardando silencio sobre este problema de salud que tenemos en el país. La carbonera hay que cerrarla ya”, añadió.

Finalmente, Alvarado alegó que un un estudio reciente del Environmental Integrity Project, de 265 carboneras en Estados Unidos y sus territorios, el 91 por ciento contamina el agua subterránea con una o más substancias tóxicas de las cenizas, en niveles que exceden los estándares de seguridad.