(9-septiembre-2025) La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado, presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad, celebró hoy una vista pública sobre la Resolución del Senado Núm. 112, que ordena realizar un estudio de los efectos de la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”.

A una década de su aprobación, la Comisión busca examinar si la política pública ha cumplido sus propósitos ambientales y de reciclaje, así como evaluar el impacto económico para los consumidores y el sector comercial. 

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, resaltó que la implementación de la Ley 247 ha representado una carga económica significativa para los consumidores, quienes ahora deben pagar por bolsas reusables o alternativas. “El sacrificio se ha trasladado al consumidor sin que se garantice la efectividad ecológica que justificó la medida”, expresó. DACO también advirtió que muchos comercios sustituyeron las bolsas desechables por opciones más gruesas y duraderas que, si no se manejan adecuadamente, pueden resultar igual o más dañinas para el ambiente. “Si la intención no se puede cumplir, pues entonces dejemos de pasarle estos costos al consumidor”, manifestó la secretaria. 

Asimismo, el representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Antonio Ríos, subrayó que, aunque se ha logrado reducir el uso de bolsas plásticas desechables, persisten retos de degradabilidad y quejas ciudadanas por los costos adicionales. Recordó que el Gobierno aprobó recientemente una moratoria al uso de plásticos de un solo uso hasta 2026, lo que demuestra la necesidad de actualizar el marco regulatorio. “A diez años de su aprobación, es meritorio evaluar la Ley 247-2015 para lograr un equilibrio adecuado entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica de los sectores productivos”, afirmó.

A preguntas de Moran sobre la implementación de la ley, la deponente respondió que “para mí es evidente que la ley no se ha llevado a lo que era la intención. Si al día de hoy nosotros no tenemos un resultado de poner el programa de reciclaje que esté en vigor para validar el propósito de la ley, pues no está dando resultado”.

Asimismo, la senadora preguntó  por qué entiende no se ha cumplido el objetivo público. Rodríguez sostuvo que de aquí se desprende que hasta el Departamento de Recursos Naturales no puede dar un resultado concreto de qué se logró. “Porque el interés de la medida era eliminar los plásticos porque eran malos para el medio ambiente, pero entonces ahora tenemos una bolsa que, de hecho, lo que he leído es que para que esas bolsas sean efectivas a favor del medio ambiente se tienen que rehusar mínimo como diez veces”.

En la misma línea, Karla Marrero y Antonio Ríos en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), indicaron que consideran pertinente realizar un análisis amplio y actualizado que permita examinar los logros, limitaciones y posibles ajustes conforme a la política pública vigente. “El DRNA ha constatado que, si bien muchos establecimientos han cesado el uso de bolsas plásticas desechables tradicionales, persisten prácticas que requieren evaluación adicional, tales como el ofrecimiento de bolsas de mayor grosor que, aunque permitidas bajo la ley, presentan nuevos retos de degradabilidad y las reclamaciones ciudadanas relacionadas al costo adicional que enfrentan los consumidores, particularmente personas de edad avanzada o poblaciones vulnerables”, sostuvo Marrero. 

Moran preguntó cómo debemos atender el asunto de la bolsa de mayor grosor y en cuánto tiempo se degrada. Ríos indicó que la ley es meritoria. Podemos señalar sobre el uso de las bolsas plásticas pero el uso viable para sustituir sería la bolsa de papel por el efecto en el ambiente. “El problema de bolsas plásticas es el manejo ciudadano de estas. La de papel se degrada rápido, la plástica se puede tardar años en degradarse”.

Por su parte, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cómo se va a reciclar responsablemente durante este proceso. Ríos indicó que “además de apoyar a los municipios en la implementación de los programas. Ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus ideas, sus propuestas y sus publicaciones. También están recibiendo asistencia técnica, así como apoyo en la parte relacionada con la obtención de fondos para implementar los programas de manera individual, de forma que puedan utilizarse para la compra e instalación”.

Igualmente, asistió a la audiencia la licenciada Vianca Rivera, en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), quien también favorece se lleve a cabo un estudio sobre la ley y abogó por las plantas de reciclaje. “El DDEC reconoce la importancia de promover el uso de bolsas reusables, pero de igual forma reconoce que el fin que busca la Ley 247, que es proteger el medio ambiente, en gran parte dependerá de que contemos en Puerto Rico con plantas de reciclaje ya sea para bolsas plásticas, de papel u otros materiales reciclables que aquí se generen”.

Moran preguntó qué industrias se han acercado para el incentivo económico en términos de plantas de reciclaje. Rivera respondió “sabemos que en Puerto Rico existen varias plantas de reciclaje”. Añadió que el tipo de reciclaje es de metales, plástico y foam. A petición de Moran, la deponente entregará información detallada en los próximos días a la comisión sobre las industrias de reciclaje que operan en Puerto Rico.